Ley “No a la Policía Secreta” de California

Al comenzar el nuevo año, California ha introducido una nueva legislación promulgada por el Gobernador Gavin Newsom. La Ley “No a la Policía Secreta“, o Proyecto de Ley del Senado 627 (SB-627), fue la primera ley promulgada en los Estados Unidos que prohíbe específicamente a los agentes del orden ocultar sus identidades mientras están en servicio.

La ley existente obliga a los agentes del orden a identificarse durante el cumplimiento de sus funciones oficiales. Esto surge como respuesta directa a las leyes federales de inmigración y a las acciones de cumplimiento, particularmente aquellas que involucran a agentes federales enmascarados.

La ley estatal tiene como objetivo mejorar la transparencia y la seguridad en las interacciones entre el público y las fuerzas del orden, específicamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). A continuación, se presenta un resumen de la nueva Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Acerca de la Ley “No a la Policía Secreta” de California sobre Agentes Federales Enmascarados

California ha dado un paso sin precedentes al desafiar las tácticas de las agencias federales de aplicación de la ley, promulgando la primera política del país que prohíbe a los agentes ocultar sus identidades con máscaras.

La nueva Ley modifica y amplía el marco legal existente en relación con los métodos del ICE, estableciendo normas más estrictas que prohíben a los agentes del orden local ocultar sus identidades mientras realizan funciones estatales o federales.

La ley define a los “agentes del orden” como cualquier persona designada como oficial de paz empleada por agencias locales, estatales o federales, incluida cualquier persona que actúe en capacidad de agente del orden, oficial o agente.

El Proyecto de Ley del Senado 627 es el primero de docenas de propuestas a nivel local, estatal y federal orientadas a revelar la identidad de los agentes del orden que actúan con impunidad. Representa un audaz enfrentamiento entre la autoridad estatal y el poder federal, preparando el escenario para una importante batalla legal sobre los límites de la jurisdicción de cada nivel de gobierno.

Las Consecuencias para las Agencias del Orden que Violen la Ley

La Ley “No a la Policía Secreta” incluye disposiciones para el cobro de daños civiles contra agentes federales que violen la ley durante sus operaciones. Por lo tanto, las víctimas de acciones ilegales por parte de agentes del orden enmascarados pueden reclamar daños civiles de al menos $10,000.

Políticas Adicionales Aplicables a las Víctimas

Si una agencia del orden no corrige las deficiencias identificadas dentro de los 90 días, el proyecto de ley autorizaría a la parte reclamante a solicitar una determinación judicial de la exención ante un tribunal competente, según lo especificado.

Este proyecto de ley impone nuevas obligaciones a las fuerzas del orden locales y a otras agencias locales, estableciendo un programa local mandatado por el estado.

La Constitución de California exige que el estado reembolse a las agencias locales y distritos escolares por ciertos costos mandatados por el estado, y las disposiciones legales establecen procedimientos para obtener dicho reembolso.

Una Legislación Histórica Apunta a la Aplicación Enmascarada

El 20 de septiembre de 2025, el Gobernador Gavin Newsom firmó la SB 627, convirtiendo a California en el primer estado en prohibir que las fuerzas del orden locales, estatales y federales cubran sus rostros durante operaciones oficiales.

La legislación, redactada por los Senadores estatales Scott Wiener de San Francisco y Jesse Arreguín de Berkeley, entró en vigor el 1 de enero de 2026, siendo la primera vez que una autoridad de gobierno local desafió el uso de máscaras y tácticas engañosas para aplicar las leyes federales de inmigración y aduanas.

La ley prohíbe específicamente el uso de coberturas faciales, como pasamontañas, balaclavas, pañuelos para el cuello y mascarillas extremas similares que oculten la identidad de los agentes. El proyecto de ley también requeriría que todo el personal del orden que opere en California sea identificable a través de rostros visibles y uniformes que muestren claramente nombres o números de placa.

El personal exento puede incluir equipos SWAT, agentes que usen mascarillas de grado médico como respiradores N95, equipo de protección contra incendios forestales durante emergencias y operaciones encubiertas. Cabe destacar que la ley no aplica a la Patrulla de Carreteras de California ni a las tropas de la Guardia Nacional.

Respuesta a las Operaciones de las Agencias Locales de Seguridad Pública

La legislación surgió como respuesta directa a la campaña de control migratorio de la administración Trump y a los informes sobre agentes federales enmascarados que realizaban redadas en todo California. Los partidarios del proyecto argumentan que estas tácticas han creado una atmósfera de terror en las comunidades inmigrantes, con videos circulando en línea que muestran agentes en ropa civil, con máscaras y gafas de sol deteniendo personas desde vehículos sin identificación.

La ley aborda específicamente las tácticas de policía secreta del ICE, que involucran operaciones encubiertas por agentes enmascarados y han generado serias preocupaciones sobre suplantación de identidad, falta de transparencia y excesos autoritarios.

Más allá de las preocupaciones por la transparencia, los defensores destacan graves riesgos para la seguridad pública. El FBI ha advertido que las operaciones federales enmascaradas han dado lugar a peligrosas actividades delictivas de imitación. A principios de 2025, varios estados reportaron arrestos por suplantación de agentes del ICE, incluyendo un caso de secuestro en Carolina del Sur y una agresión sexual en Carolina del Norte con amenazas de deportación.

La ley también busca fortalecer la confianza pública en las fuerzas del orden. Según sus autores, los agentes que realizan trabajo de vital importancia deben estar orgullosos de mostrar sus rostros y proporcionar información de identificación, lo que facilita el trabajo de las fuerzas del orden y hace a las comunidades más seguras.

Oposición Federal y Argumentos de Seguridad sobre los Agentes del ICE

La administración Trump se ha opuesto ferozmente a la ley. El Departamento de Seguridad Nacional instó a Newsom a vetar el proyecto antes de su firma, alegando que pone en riesgo la seguridad de los agentes. Los funcionarios federales argumentan que las máscaras protegen a los agentes de amenazas de muerte, doxing y acoso en línea, especialmente por parte de organizaciones criminales sofisticadas.

El director interino del ICE, Todd Lyons, defendió la práctica afirmando que no permitiría que los agentes pusieran “sus vidas en riesgo, ni a sus familias, solo porque a la gente no le gusta la aplicación de las leyes de inmigración.”

Los funcionarios del DHS sostienen que los agentes federales sí se identifican, pero usan máscaras para prevenir represalias de pandillas y redes criminales. Han acusado a los legisladores de California de deshumanizar a los agentes federales e intentar obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración.

En un intento inicial de invalidar el proyecto, el fiscal federal interino Bill Essayli instruyó a los agentes federales a ignorar lo que llamó una “ley peligrosa e inconstitucional”, dejando en claro que el gobierno federal no tiene intención de cumplirla.

Diversas organizaciones de aplicación de la ley también han expresado su oposición, citando preocupaciones sobre el posible obstáculo a las operaciones encubiertas y el riesgo para la seguridad de los agentes.

Confrontación Constitucional e Intervención Judicial

La batalla legal gira en torno a preguntas fundamentales sobre el federalismo y los límites del poder estatal sobre las operaciones federales. En noviembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda federal contra el Gobernador Newsom y el Fiscal General Rob Bonta, argumentando que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados regular al gobierno federal.

La demanda federal también alega que la ley discrimina al gobierno federal al eximir a la policía estatal de sus requisitos mientras impone restricciones a los agentes federales. El 9 de diciembre de 2025, la Jueza Federal de Distrito Christina A. Snyder otorgó una orden temporal de suspensión, deteniendo la aplicación de la ley en espera de procedimientos legales adicionales.

Implicaciones Más Amplias y Perspectivas Futuras para los Agentes Federales

La Ley “No a la Policía Secreta” existe dentro de un panorama más amplio de tensión entre California y la administración Trump en materia de control migratorio. El estado ha mantenido políticas de santuario que prohíben a la policía local colaborar con las operaciones federales de inmigración, lo que ha generado múltiples confrontaciones legales que se remontan al primer mandato de Trump.

California también ha promulgado legislación complementaria, incluida la SB 805, que exige la identificación inmediata de todos los agentes del orden, restringe la participación de cazarrecompensas en actividades relacionadas con la inmigración y establece requisitos de notificación escolar cuando las fuerzas de inmigración ingresan a los campus.

Además, las nuevas leyes de California prohíben el acceso del ICE a escuelas e instalaciones de salud sin órdenes judiciales válidas.

Una política se considerará en cumplimiento con las disposiciones legales mencionadas respecto a las excepciones, a menos que sea impugnada por un miembro del público, un organismo de supervisión o una autoridad de gobierno local, que haga cumplir los nuevos requisitos.

Posibles Implicaciones y Sanciones Penales

Cualquier persona declarada culpable de violar la nueva ley estatal estará sujeta a sanciones penales, incluyendo infracciones y delitos menores. Por lo tanto, cualquier persona que haya cometido agresión, lesiones, detención ilegal, arresto falso, abuso de proceso o procesamiento malicioso mientras usaba una cobertura facial podría ser declarada responsable por daños compensatorios.

Las sanciones penales no aplicarán a los agentes del orden si actuaban en su calidad de empleados. La agencia también debe mantener y publicar en línea una política escrita. Sin embargo, la ley incluye sanciones civiles e impone una sanción civil específica contra ciertos agentes por conducta ilícita mientras usan una cobertura facial.

El Fiscal General de California creó un portal en línea para reportar incidentes de mala conducta federal, y una coalición de organizaciones de derechos de los inmigrantes, laborales y de derechos civiles continúa apoyando la legislación en diciembre de 2025.

El caso representa una prueba significativa de la autoridad estatal frente a la federal en materia de control migratorio. Con docenas de propuestas similares pendientes a nivel local, estatal y federal en todo el país, la experiencia de California puede servir como precedente para otras jurisdicciones que enfrentan las mismas tensiones. 

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